El pasado 16 de junio de 2026 tuvo lugar la quinta sesión del ciclo formativo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y cumplimiento normativo organizado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España.
La sesión, dedicada a la relación entre los programas de Compliance y los procesos judiciales, contó con la participación de Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Sala de la Audiencia Nacional; María Massó Moreu, socia del área penal de Baker McKenzie; y Fernando Bautista Sagües, abogado. La mesa fue moderada por Emilio Vega Ruiz, Decano del Colegio de la Abogacía de Guadalajara.
Durante la jornada se abordó varios aspectos del procedimiento penal. En cuanto a la prueba, se indicó que la acusación debe preocuparse de acreditar la existencia de un defecto organizativo, identificar el concreto riesgo que no fue adecuadamente gestionado y acreditar la relación causal entre dicha falta de debido control y la comisión del delito, para que pueda entenderse existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica.
En cuanto a los principales elementos que suelen tenerse en cuenta para valorar la efectividad de los programas de Compliance y de la cultura de cumplimiento en el procedimiento penal se destacó la actuación del órgano de cumplimiento, la formación impartida a los empleados, la gestión de incidencias detectadas, la corrección o bloqueo de operaciones de riesgo, la elaboración de informes de evaluación de riesgos, la existencia de certificaciones independientes y las concretas medidas adoptadas por los autores de los hechos para eludir los controles establecidos por la organización.
La sesión también permitió analizar distintas experiencias comparadas en materia de cumplimiento normativo, destacándose la utilidad de los estándares, códigos sectoriales y modelos organizativos como herramientas que pueden aportar parámetros objetivos para la valoración judicial de los sistemas de Compliance y la creciente relevancia de las investigaciones internas y de los informes forensic en los procedimientos penales. En este sentido, se puso de relieve la necesidad de garantizar la independencia y objetividad de quienes las desarrollan, suficiencia de los medios empleados y la trazabilidad de las fuentes de información y de las decisiones adoptadas durante el proceso investigador.
Por último, se destacó la importancia de fomentar mecanismos que permitan la salida temprana de las empresas de los procedimientos penales con el objetivo de que se reduzca su impacto reputacional que actualmente es enorme, para lo que se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar mecanismos que contribuyan a dotar de mayor certeza y previsibilidad a este ámbito como recomendaciones o guías por parte de la Fiscalía, la Autoridad Independiente o incluso elaboradas por la propia Cámara de Comercio de España y se valoró positivamente la posibilidad de recurrir a auditorías públicas que permitiesen obtener certificaciones públicas, que pudieran servir al juez para ayudar a concluir que un sistema de cumplimiento es eficaz.