Claudio Coello 20 1º. Madrid

Sexta sesión del ciclo formativo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y cumplimiento normativo: análisis de la gobernanza corporativa y los modelos de Compliance en los grupos de empresas

El pasado 18 de junio de 2026 tuvo lugar en la Cámara de Comercio de España la sexta sesión del ciclo formativo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y cumplimiento normativo organizado junto al Consejo General de la Abogacía Española.

La sesión, dedicada a la gobernanza corporativa y a la articulación de los sistemas de Compliance en los grupos empresariales, contó con la participación de Blanca Sánchez Fresco, directora de Asesoría Jurídica Corporativa Nacional del Grupo Mapfre; Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos; y Félix Sobrino Martínez, director de Gobernanza y Corporación de Iberdrola, S.A., que fueron moderados por Federico Bravo Hernández, Decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja y contó con una bienvenida por parte de Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España.

Durante la jornada se destacó cómo se organizan las empresas en la actualidad, con una clara distinción entre las funciones de definición estratégica y supervisión, atribuidas al consejo de administración, y las tareas de dirección y gestión ordinaria de los negocios. Asimismo, se puso de relieve la importancia de establecer mecanismos eficaces de reporte y sistemas de supervisión que permitan a los órganos de gobierno ejercer adecuadamente sus funciones de control.

Se analizaron los modelos de gobernanza aplicables a los grupos de sociedades, destacándose la conveniencia de delimitar claramente las responsabilidades de cada entidad y de dotar a las sociedades filiales de recursos suficientes para desarrollar sus funciones de manera autónoma. En este sentido, se puso de relieve la importancia de que cada una de las sociedades del grupo cuente con sus propios órganos de dirección, unidades de cumplimiento, sistemas internos de información y procedimientos de control, todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación con la matriz mediante principios comunes, políticas corporativas y mecanismos de reporte que permitan garantizar la coherencia del conjunto y la trazabilidad de la información.

La sesión también permitió examinar la experiencia de sectores especialmente regulados. Se resaltó la necesidad de delimitar adecuadamente en ellos las funciones de supervisión y ejecución de cada sociedad y el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre entidades. Asimismo, se analizó la necesidad de adaptar los modelos de cumplimiento a las particularidades de cada sociedad del grupo, sin perjuicio de la existencia de directrices generales comunes a todo el grupo, especialmente en aquellos ámbitos de riesgo que requieren una gestión coordinada.

Por último, se destacó el papel que viene desempeñando el grupo de trabajo de Compliance de la Cámara de Comercio de España como foro de encuentro entre operadores públicos y privados para la búsqueda de soluciones que contribuyan a reforzar la seguridad jurídica en este ámbito. En este contexto, se puso de relieve la importancia de avanzar hacia la elaboración de criterios homogéneos y códigos de buenas prácticas que permitan unificar estándares de actuación, así como la conveniencia de que instituciones como la Fiscalía o futuras autoridades especializadas puedan contribuir mediante recomendaciones y guías interpretativas. Asimismo, se valoró positivamente el desarrollo de estándares verificables que permitan acreditar de forma objetiva la eficacia de los sistemas de Compliance, tanto desde una perspectiva preventiva mediante auditorías independientes, como a través de informes periciales que puedan ser aportados en los procedimientos judiciales.

Finalmente, se valoró la colaboración público-privada y las formaciones con intervención de todos los operadores jurídicos como una herramienta esencial para alcanzar consensos y reforzar la seguridad jurídica de las empresas, subrayándose que el momento actual exige potenciar los mecanismos de autorregulación, más que la aprobación de nuevas normas, con el fin de consolidar criterios compartidos y favorecer la mejora continua de los modelos de cumplimiento normativo.

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