
Nuestro socio director, Jose María Ayala de la Torre, intervino el pasado día 12 de noviembre en el seminario, organizado por los profesores Alfredo Liñán Lafuente y Jordi Gimeno Beviá, sobre la reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Italia, que reunió a Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín y Alejandro Abascal Junquera para examinar la propuesta de revisión del Decreto Legislativo italiano 231/2001, referente del artículo 31 bis del Código Penal español. El debate abordó cómo reforzar la eficacia preventiva del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, su seguridad jurídica y las garantías procesales.
El profesor Mongillo destacó la vocación preventiva del sistema: una organización adecuada antes del delito y la reparación y reorganización empresarial después de su comisión. Explicó que su carácter innovador no había ido acompañado de una aplicación práctica suficientemente eficaz. Entre las dificultades señaló la incertidumbre sobre la culpa de organización y el sesgo retrospectivo, que lleva a deducir de la propia comisión del delito la inadecuación del modelo preventivo, debilitando los incentivos para implantarlo.
Un primer eje fue la superación del régimen diferenciado según el delito lo cometa un directivo o un subordinado. La propuesta sitúa la culpa de organización como elemento constitutivo de la responsabilidad de la entidad y elimina la exigencia específica de elusión fraudulenta del modelo. La acusación tendría que acreditar que la falta de adopción o la aplicación ineficaz de un modelo adecuado determinó o facilitó el delito cometido en interés o beneficio de la entidad. Abascal vinculó esta cuestión con la autorresponsabilidad y defendió una cultura de cumplimiento transversal, así como la atribución de la carga de la prueba a la acusación
El segundo eje fue el artículo 8-bis propuesto: una vía de extinción de la infracción de la entidad mediante la subsanación de deficiencias y la reparación, bajo control judicial. Se reserva a empresas que hubieran adoptado y aplicado un modelo antes del delito; no basta con crearlo después. El juez evaluaría la propuesta de reorganización y, si la acepta, suspendería el procedimiento. El cumplimiento de las medidas permitiría declarar la extinción, con decomiso del beneficio; el incumplimiento determinaría la reanudación del proceso. Nieto valoró esta solución como un cambio de sistema y un filtro capaz de evitar procesos prolongados sobre la eficacia del modelo previo. Mongillo explicó que la propuesta prioriza la transformación organizativa frente a incentivos centrados en la autodenuncia y la identificación de responsables individuales.
Por último, se analizó la conveniencia de dar mayor previsibilidad a la valoración judicial de los programas de cumplimiento mediante directrices sectoriales, normas técnicas y buenas prácticas, sin sustituir el juicio del órgano jurisdiccional. También se abordó la situación de las pequeñas y medianas empresas, para las que se proponen procedimientos organizativos simplificados. En conjunto, las intervenciones pusieron de manifiesto el interés del debate italiano para España: avanzar hacia una responsabilidad vinculada a los defectos reales de organización y fomentar un cumplimiento normativo efectivo, preventivo y reparador.
Desde AYALA DE LA TORRE queremos felicitar a la UNED por este magnífico seminario y mostrar nuestra satisfacción por estar presentes en estos debates que sin duda contribuyen a una mejora del sistema y a la seguridad jurídica de las empresas y los operadores jurídicos.

