El pasado 8 de mayo se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha la Jornada de Compliance Penal y Retos de la Ciberseguridad, un evento de alto nivel académico y profesional en el que se abordaron cuestiones clave sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los desafíos actuales en materia de ciberseguridad.
La jornada fue inaugurada por el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, D. Francisco José Sáez Martínez y por la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Dña. Mª Jesús del Barco Martínez.
Dentro de la primera mesa titulada “Compliance y responsabilidad de la persona jurídica: el funcionamiento de una S.A.”, intervino D. José María Ayala de la Torre, nuestro socio director, quien aportó una visión práctica y rigurosa sobre el papel del compliance en el ámbito societario. Le acompañaron destacados expertos como los catedráticos María Angeles Alcalá, Adán Nieto y el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres.
En su intervención, nuestro socio director destacó que la principal interesada en neutralizar la comisión de delitos en la empresa es la propia compañía, habida cuenta del coste reputacional que tiene para las sociedades la imputación de la persona jurídica, un coste reputacional que tiene un efecto inmediato en el valor de la compañía y en la misión social de la empresa. Destacó igualmente que en los últimos años se han incrementado exponencialmente las imputaciones de las personas jurídicas como consecuencia de una utilización maliciosa de la querella contra las personas jurídicas por parte de competidores; así como que era voluntad de las grandes compañías tener todo aquello que sea preciso para disponer de un sistema de prevención de delitos eficaz, existiendo asimismo una inequívoca voluntad por su parte de participar y colaborar con los jueces de instrucción para lograr esclarecer los hechos y reducir de este modo la duración excesiva de los procedimiento penales que, en sí mismo, son una pena.
Entre las propuestas de mejora del actual sistema, Jose María apunto las siguientes:
- Colaboración de las grandes compañías con los jueces de instrucción, aportando a la instrucción todo cuanto hacen para prevenir la comisión de los delitos (políticas de cumplimiento, planes de prevención, códigos éticos, protocolos de investigaciones internas, sistemas que permitan la trazabilidad de las denuncias para garantizar la inexistencia de represalias; certificados de entidades independientes que avalan el modelo, informes de efectividad del sistema que vengan corroborados por informes de terceros independientes, auditorías externas que avalan el modelo, separación en los grandes grupos de los órganos de cumplimiento de la holding y de las filiales, reportando cada uno de ellos a su respectivo consejo de administración a través de la correspondiente comisión del mismo, siendo así que las decisiones son adoptadas en el seno del respectivo órgano de cumplimiento.
- Creación de una certificación expedida por una entidad pública que avale que el sistema, previa realización de una auditoría exhaustiva, es eficaz para prevenir los delitos (lo que exigirá examinar la idoneidad del diseño del modelo, de su implementación y de la aplicación del mismo). una certificación que deberá ser renovada periódicamente y sólo si mantiene las condiciones que llevaron a la entidad pública a su concesión.
- Elaboración por la Fiscalía de guías que contengan los criterios de imputación a las personas jurídicas y los requisitos que deba contener un sistema para ser tenido por eficaz.
- Atribución del monopolio de la acción penal al Ministerio Fiscal cuando se trata de delitos de personas jurídicas.
- Incorporación al derecho español del sistema de acuerdos de USA que permiten una fácil terminación de los procedimientos judiciales a través de la plena colaboración con las autoridades judiciales por parte de las personas jurídicas.
La jornada continuó con una segunda mesa centrada en los retos de la ciberseguridad en la que intervinieron como ponentes Pilar Astray, Presidenta del Tribunal Superior ; José Miguel Gordillo Luque, director de seguridad global corporativa de Iberdrola; Alberto Alonso Ureba, catedrático y Eloy Velasco, Magistrado en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y finalizó con una visita a las instalaciones de Hidrógeno Verde en Puertollano.
La participación de nuestra Firma en este tipo de jornadas forma parte de nuestra forma de entender la Abogacía y de la necesidad de fomentar una colaboración público privada en el ámbito judicial. ¡Estamos especialmente orgullosos de intervenir en esta jornada!
