El socio director del despacho escribe en el País sobre la Ley 2/2023 de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, analizando las principales implicaciones de la norma, la adecuada protección del denominado “whistleblower” y valorando positivamente la actitud del legislador, que no se limita a transponer Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, sino que ha ido más allá en una regulación ambiciosa de relevancia para el mantenimiento de los valores democráticos, enfrentando los comportamientos reprobables y corruptos que fomentan la desafección de la ciudadanía con lo público y el aumento de la distancia entre los representantes y representados.
Claudio Coello 20 1º. Madrid
