El pasado miércoles 25 de junio tuvo lugar una nueva sesión del Grupo de Trabajo en materia de cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, liderado por Iberdrola y del que forman parte algunas de las principales empresas del país, como Inditex, Banco Santander, El Corte Inglés, Técnicas Reunidas, AENA y Telefónica. En esta ocasión, participaron como ponentes el Abogado General del Estado, David Vilas y el Director General de los servicios contenciosos de la Abogacía del Estado, Jesús Moreno.
Durante la sesión se abordaron diversos aspectos clave relacionados con los sistemas de cumplimiento en las empresas, tanto públicas como privadas. Se insistió en que la existencia de un plan de compliance, aunque no supone por sí sola una exoneración automática en sede penal, es esencial para reducir riesgos y mitigar los posibles daños reputacionales y económicos derivados de la apertura de procedimientos judiciales, especialmente en el ámbito internacional.
Se destacó también que los sistemas de cumplimiento deben adaptarse a las características concretas de cada entidad, reforzarse con una visión externa e independiente y contar con protocolos eficaces que permitan demostrar la diligencia debida en la toma de decisiones. En esta línea, se subrayó la importancia de documentar adecuadamente las decisiones de los órganos de gobierno, así como de garantizar rapidez en los flujos de información.
Nuestro Socio Director, José María Ayala de la Torre, acompañado de nuestro asociado Juan Ruspoli, participó en esta nueva sesión, que vino a reforzar algunas de las conclusiones ya abordadas en encuentros anteriores: la necesidad de contar con sistemas realistas y eficaces, la conveniencia de que las autoridades públicas (Fiscalía y Autoridad Independiente de Protección del Informante, así como la Cámara de España) elaboren guías que contengan los requisitos que debe tener un programa de cumplimiento para ser tenido como eficaz a los efectos de la pronta exoneración de responsabilidad y sobreseimiento de las empresas que cumplan y que tengan un robusto sistema de gobernanza y compliance, y la utilidad de establecer mecanismos de certificación que aporten mayor seguridad jurídica a las empresas.
Con ello sigue la apuesta del Despacho por el cumplimiento en las empresas y en el sector público.