El pasado 19 de junio, José María Ayala de la Torre, Socio Director del Despacho, participó como moderador en el seminario organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), titulado “Tendencias actuales en compliance y responsabilidad penal de la empresa: una mirada a Europa y otra a EE.UU.”. Este encuentro, coordinado por los profesores Jordi Gimeno y Alfredo Liñán, tuvo como objetivo analizar las tendencias regulatorias en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el papel del compliance en diferentes sistemas jurídicos.
La primera mesa, moderada por el profesor Jordi Gimeno, contó con la intervención de los profesores José Menezes Sanhudo (Universidad de Oporto) y Emanuele Birritteri (Universidad Unitelma Sapienza), quienes abordaron los modelos de responsabilidad de las personas jurídicas en Portugal e Italia. A pesar de las diferencias con el modelo español, como la heretorresponsabilidad en Portugal o la naturaleza administrativa de la responsabilidad en Italia, se destacaron aspectos de interés, como la posible exención de responsabilidad por programas de cumplimiento eficaces.
En la segunda mesa, moderada por José María Ayala de la Torre, participaron María Ángeles Villegas, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, y Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se analizó el sistema español de responsabilidad penal de la persona jurídica y su comparación con el modelo estadounidense, poniendo el foco en el papel de la Fiscalía y los acuerdos con empresas. También se debatió la posibilidad de trasladar este tipo de acuerdos al ordenamiento español, así como la necesidad de dotar a las empresas de mayor seguridad jurídica mediante guías de Fiscalía que establezcan los requisitos que debe cumplir un sistema de compliance penal para ser considerado eficaz y sistemas de certificación de la idoneidad de los modelos de prevención de delito que faciliten una pronta exoneración de responsabilidad de las empresas que cumplen y así permitir que el daño reputacional derivado de la imputación sea el menor posible.
Los ponentes coincidieron en la importancia de fomentar el diálogo entre los operadores jurídicos, el poder judicial, la fiscalía y el sector privado, con el fin de establecer criterios comunes que favorezcan la eficacia de los programas de cumplimiento y permitan una respuesta ágil en los procedimientos penales.
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