Claudio Coello 20 1º. Madrid

Implicaciones jurídicas de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE el pasado 22 de junio de 2022, que declaraba contrarios al principio de efectividad determinados preceptos de las Leyes 39/2015 y 40/2015 que regulan el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento de Derecho de la Unión Europea

Confilegal, medio digital de referencia sobre actualidad jurídica, ha publicado hoy un artículo firmado por Miguel Bueno, Socio de Derecho Público y Regulatorio de Ayala de la Torre Abogados, sobre las implicaciones jurídicas de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE el pasado 22 de junio de 2022, que declaraba contrarios al principio de efectividad determinados preceptos de las Leyes 39/2015 y 40/2015 que regulan el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento de Derecho de la Unión Europea.

En el artículo, además de explicarse la fundamentación de la Sentencia, se concluye que la regulación contenida en las citadas leyes sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea no puede ser aplicada desde el mismo momento en que se publicó la sentencia del Alto Tribunal Europeo, sin que sea aceptable, desde tal fecha, que se desestime ninguna reclamación basándose en las exigencias que contienen dichos textos legales y que resultan contrarias al principio de efectividad.

Por lo tanto, sin perjuicio de la obligación del Reino de España de adaptar su normativa al dicho pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, cualquier particular, persona física o jurídica, puede dirigir ya una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado legislador sobre la base de la doctrina del Tribunal europeo sin necesidad de cumplir los excesivos deberes de diligencia que la ley nacional recoge en la normativa aún no modificada, puesto que ni la Administración ni menos los órganos jurisdiccionales han de esperar a la derogación expresa de la norma legal para aplicar el Derecho europeo.

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